Vicentin en el centro del debate: ¿por qué intervino el gobierno?

La intervención en la empresa agroindustrial generó diversas opiniones y dudas. En este marco, te contamos los datos más importantes y un testimonio de un trabajador de Río Primero para poder entender este escenario

A principios del mes de junio, el presidente Alberto Fernández anunciaba la intervención de la empresa agroindustrial Vicentin con el fin de rescatarla de su crisis financiera, por lo que se envió al Congreso un proyecto de ley para expropiarla. Ante esto, se generaron diversas opiniones y también muchas dudas sobre si es necesaria su intervención.  

Para clarificar este escenario, hay que partir por el rol que cumple en Argentina esta empresa agroindustrial nacida a fines de la década del 20 en Avellaneda, localidad situada al norte de la provincia de Santa Fe. Actualmente es la principal empresa argentina de molienda de oleaginosas, mayoritariamente transgénicas, y también la mayor productora de biodiesel en el país, esto la convierte en un actor muy importante en el sector exportador, lugar clave en la generación de dólares. 

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Vicentin se encuentra entre las 10 exportadoras más importantes de Argentina y genera miles de puestos de trabajo de forma directa e indirecta. 

En los últimos años, declaró un incremento de hasta un 42% en las ventas al exterior de granos, legumbres, harinas y aceites entre las campañas 2015/16 y 2018/19, según datos del Ministerio de Agricultura.

Durante 2016 exportó el 8,6% del volumen total mientras que para 2019 la porción creció hasta el 10,5%. A su vez, mostró un aumento en la facturación entre 2017 y 2019 de casi u$s700 millones al pasar de u$s3.535 millones a u$s4.256 millones, según el ranking de exportaciones por año calendario y por exportador en toneladas de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. 

Pero, el 5 de diciembre de 2019 la empresa informó mediante un comunicado oficial que inició “un proceso de reestructuración de pagos a partir de una situación de estrés financiero”, es decir ingresó en cesación de pagos, lo que significa que no puede pagar la totalidad de las deudas con sus acreedores. 

Hasta la actualidad, hay un total de 2.638 acreedores que esperan cobrar los créditos, préstamos y operaciones realizadas con la empresa. De ese total, $63.961 millones representan deudas con el sistema financiero local e internacional mientras que un 23% se encuentra en entidades financieras públicas y privadas argentinas. El Banco Nación es el principal acreedor bancario local con un total de $18.182 millones (u$s350 millones en créditos), según indica el informe en base a datos financieros de la compañía

Este último dato nos lleva a diciembre de 2011, cuando Vicentin le debía al sistema bancario argentino $1024 millones y ocupaba el 14° lugar entre los mayores deudores del país. Un 35,40% de esos recursos los había puesto el Banco Nación, según datos de documentos del Banco Central (BCRA) investigados por La Nación.

Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, definió a Vicentin como un “caso testigo” de una estafa que afectó “la propiedad privada de otros productores, de cooperativas y también afectó fondos públicos, cuando dejó de pagar sus obligaciones y se lo permitieron”. Además, aseguró que el objetivo de la entidad es cobrar los US$ 300 millones que la empresa debe ya que “esa plata son créditos para las pymes, para sostener y crear fuentes de trabajo y ayudar al crecimiento del país”.

Por otro lado, Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación, declaró que esto se trata de “la búsqueda de un rescate desde el banco, del crédito que tenemos los argentinos y también de los productores que tienen sin cobrar 26 mil millones de pesos”.

A partir de estos datos se observa que gran parte de la deuda afecta directamente al sector financiero nacional y al Estado por deudas impositivas y aduaneras. También le debe a sus proveedores, los productores de granos, que son el eslabón más débil de la cadena agroindustrial, afectando así a los empleados de esos productores. 

El testimonio de un trabajador de Río Primero

Mauricio Berruezo es transportista y el año pasado trabajó para un productor de San Francisco que proveía soja y maíz a Vicentin en Rosario. “Después de 60 días trabajando, nos enteramos que al productor no le pagaron”, relata en diálogo con Hablando Claro.

“Éramos 10 transportes que viajábamos cada 2 o 3 días a Rosario, habrán sido arriba de 80 viajes entre todos. Nos enteramos que al productor no le pagaron por ende el productor se fue a quiebra. Primero, nos sentíamos estafados por el productor, cuando nos dimos cuenta Vicentin le había pagado al productor con cheques que nunca levantó, por eso el productor se fue a quiebra y nosotros caímos atrás de él”, explica. 

Y Agrega que no es solo el dinero de los viajes. “Nosotros al viajar consumimos bastante combustible, entonces aparte de que no nos pagaron nos quedó la deuda del combustible. A los transportistas chicos nos hizo un daño terrible”, manifiesta.

Ante esta situación, Berruezo cuenta que se reunieron con abogados y le hicieron juicio al productor ya que él fue quien los contrató. Asimismo aclara que saben que “el productor es un estafado más”.

Los transportistas están esperando que la empresa pague este año al productor para que les liquide con sus respectivos intereses, ya que pasaron 8 meses. 

Con respecto a la intervención del Estado, Mauricio cree conveniente que “alguien se haga cargo de la empresa y de la deuda también” porque ellos dependen de lo que pase con Vicentin. 

“Lo que a nosotros nos gustaría es que se aceleren los pasos y que alguien se haga cargo de los estafados. A mi me estafaron alrededor de 30 viajes que son alrededor de más de 200 mil pesos”, concluye. 

La expropiación, un concepto con historia y polémica en Argentina

El 8 de junio Alberto Fernández anunciaba que se envió al Congreso un proyecto de ley para expropiar Vicentin. Ante este anuncio, la polémica sobre este concepto con larga historia en el país resurgió como lo hizo con la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral en el 2008 o también con la expropiación del 51% de las acciones de YPF en el año 2012. 

Para hablar de esta palabra, antes hay que partir por el artículo 17 de la Constitución Nacional, el cual dice al principio que “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”

Esto lo explica el artículo 1 de la Ley 21.499, sancionada el 17 de enero de 1977: “La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual”. Es decir, como muestran los datos presentados, esta crisis financiera afecta a una cadena de entidades y personas por lo que se convierte en una causa de bien común. 

Cabe recordar que el pasado 19 de junio, el juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, falló en contra del proyecto de expropiación y dispuso que el directorio de la cerealera vuelva a ocupar sus funciones, a su vez desplazó a los interventores dispuestos por el presidente Alberto Fernández, que pasarán a ser solo veedores de la firma. 

Por otro lado, el 24 de junio, el Senado aprobó la media sanción para la creación de la Bicameral Investigadora sobre la deuda de la empresa con el Banco Nación. El objetivo es investigar las posibles maniobras irregulares de la relación crediticia entre el Banco y la empresa. Además, se profundizará en las investigaciones por estafas a acreedores, clientes y empresas competidoras durante el período 2016 y 2019.

El interrogante que se trata de responder es ¿cómo puede ser que Vicentin, una empresa con tanto crecimiento en los últimos años, pueda llegar a esta situación financiera?

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