
Durante el segundo semestre de 2021 los incendios forestales arrasaron con más de 60 mil hectáreas del centro, norte y oeste de la provincia. Varias personas responsabilizan la acción del hombre junto con las condiciones climáticas, pero hay algo que estamos dejando de lado.
Se trata de los humedales, ecosistemas esenciales tanto por la gran diversidad que albergan como por las funciones ambientales que prestan. Argentina tiene alrededor del 20 % de su superficie ocupada por humedales, que nos proveen de agua manteniendo al suelo húmedo, amortiguan las inundaciones, y desempeñan un rol estratégico para la mitigación y adaptación al cambio climático.
«Son bienes comunes indispensables, que nos brindan beneficios colectivos», describe a Hablando Claro la abogada especializada en derecho ambiental, María Laura Foradori. Sin embargo, también detalla que son ecosistemas frágiles, que actualmente están secos, en peligro o incendiados, «porque no se les da la importancia que merecen».
Foradori, quien también se desempeña como docente en la Universidad de Villa María, denuncia que «su degradación se debe a los cambios en el uso del suelo, con sobreexplotación en el desarrollo de actividades productivas e inmobiliarias».
Dejo un mapa de los humedales en Argentina (sigue) pic.twitter.com/Gr2gV9MafU
— Lucia Curto 💚 (@lucia_curto) February 3, 2020
La ley de humedales, una deuda pendiente que se reaviva con las llamas en el país
Es sabido que en los últimos años se incrementó la conciencia sobre la importancia de proteger el ambiente y los ecosistemas, en particular lo referido al agua. En consecuencia, la conservación de los humedales tomó fuerza en Argentina, tanto en la agenda pública como en los movimientos sociales y la ciudadanía en general.
«Su protagonismo se ha profundizado este tiempo por los terribles incendios que se están dando en el Delta del Paraná», explica Foradori sobre la crisis ambiental a la que también se suman los focos que acechan nuestra provincia y otras tantas regiones del país.
En el plano internacional, en 1971 se suscribió la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, la que se conoce como Convenio de Ramsar, que fue ratificada por Argentina en el año 1991 a través de la ley 23.919.
En el Convenio se establece que cada Estado parte deberá designar los humedales de su territorio que serán incluidos en una Lista de Humedales de Importancia Internacional y sobre los que deberá tomar acciones de conservación, gestión y uso racional de las poblaciones migradoras de aves acuáticas.

Hasta el momento, Argentina ha designado 23 Sitios Ramsar en su territorio, incluyendo los Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita en la Provincia de Córdoba.
A nivel nacional, actualmente se está discutiendo la necesidad o no de una ley de humedales, que brinde herramientas de gestión para su protección particular.
«Hay quienes entienden que la falta de una norma de conservación específica es una de las causas de la pérdida y degradación continua de los humedales», mientras que por otro lado, «se piensa que lo que se necesita es aplicar de manera efectiva el marco normativo existente e integrar las herramientas que tenemos como áreas protegidas, ordenamiento ambiental del territorio y gestión de cuencas hídricas», puntualiza la especialista en derecho ambiental.
Varios proyectos, un mismo fin
En la actualidad, en el Congreso de la Nación se están debatiendo varios proyectos de ley que abarcan presupuestos mínimos para la conservación de los humedales en Argentina. Esto quiere decir que se trata de una normativa que regirá como piso mínimo de protección de estos ecosistemas en todo el país.
La abogada especializada en derecho ambiental, explica que todos «los proyectos son parecidos, y las principales discusiones se dan en torno a la definición de humedal, si es amplia o más restringida, eso condicionará su aplicación». Estos proyectos, se asemejan a la ya vigentes Ley de Glaciares y de Ley de Protección de Bosques Nativos.
Es importante aclarar que los diferentes proyectos tienen como objetivo «la conservación de los humedales en un sentido amplio, permitiendo un uso sustentable de los mismos». Esto pone de resalto su importancia productiva, y la necesidad de regular las actividades que se llevan a cabo.
«Considero que debemos pensar la ley como punto de partida, para la efectiva aplicación y gestión a través de políticas públicas que convoquen a un diálogo interdisciplinario e interjurisdiccional. Siempre garantizando la participación ciudadana, la visión de las comunidades locales es indispensable para la real aplicación de una norma», reflexiona Foradori.

En fin, nuestro país se está prendiendo fuego y hay una regulación que puede ayudar a evitarlo. Sea cual sea el proyecto que se debata, es incesante que haya presupuestos estatales mínimos para la conservación de los humedales en Argentina. De lo contrario, seguiremos luchando frente a un monstruo que destruye paisajes, bosques, flora, fauna y el futuro de nuestra humanidad.
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