A pocos días de dejar el poder, el Gobierno creó la Agencia de Protección a Testigos

El organismo será dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y tendrá a su cargo las medidas para garantizar la seguridad de quienes colaboren en ciertos casos judiciales

Como tenía previsto llevar a cabo antes del traspaso de mando, el Gobierno creó este viernes la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados. La misma será dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y estará a cargo de garantizar la seguridad de quienes colaboren “de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”.

La decisión se hizo efectiva a partir de la publicación del Decreto 795/2019 en el Boletín Oficial y, entre otras cuestiones, la Agencia deberá ordenar y hacer cumplir ciertas «medidas especiales de protección», que incluirán desde la custodia personal hasta el cambio de domicilio y la entrega de una identidad falsa para los sujetos que ayuden en determinadas investigaciones.

El organismo viene a reemplazar al actual Programa Nacional que ya se encarga de administrar este tipo de casos y que, hasta tanto se elijan las nuevas autoridades, continuará al mando de los trámites pendientes.

“Créase la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados destinada a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal», señala el primer artículo del Decreto publicado este viernes.

El organismo podrá intervenir en delitos como la privación ilegítima de la libertad, extorsión y hechos contra la salud pública, respectivamente. También actuará “cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable”.

Los miembros de esta Agencia “mantendrán bajo estricta reserva los legajos de los casos y sólo tendrán obligación de brindar información a las autoridades que intervengan en los procesos judiciales en los que se dispuso la protección de las personas».

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