Héctor Pedro Plou, juez federal de Junín, ratificó el martes último la legalidad y constitucionalidad del protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad, luego de haber rechazado un amparo presentado por la organización «Linqueños por los Derechos Humanos».
Los denunciantes, habrían solicitado que se declare inconstitucional e ilegal la Resolución N°956/2018, que permite a los efectivos disparar en defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte.
Además, el artículo 3 de la resolución, detalla que los oficiales podrán no dar la voz de alto en caso que sea una situación de riesgo de muerte para otras personas, genere peligro para el propio oficial o «cuando resulte evidentemente inadecuado o inútil».
Por su parte, el fallo del juez, entendió que la denuncia de la asociación es «parcial, arbitraria e inexacta», ya que «ignora aquellas disposiciones que contradicen su posición, aunque formen parte necesaria del artículo que cuestiona».
En ese sentido, Plou afirmó:
«El reglamento respeta las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de la Ogranización de las Naciones Unidas en su Resolución N°34/169, ajustándose tanto a su letra como a su espíritu»
El magistrado, también apuntó: «el reglamento no contiene normas que afecten ilegítimamente los derechos a la vida y a la integridad física de los habitantes de nuestro país».
Por último, y además de fallar contra el amparo, el juez federal dictaminó que los denunciantes deberán abonar los honorarios del Dr. Geremías I. Mémoli, representante del ministerio demandado, fijado por la justicia en 100 mil pesos.
