La Provincia reactiva los programas laborales: Qué pasa con la causa judicial

En diálogo con Hablando Claro, los beneficiarios explican su situación actual y el abogado trejense Fernando Mansilla detalla la situación judicial

Este martes el Gobierno de Córdoba confirmó que después de tres meses de suspensión, vuelven los programas de empleo a la provincia. Según justificaron, se resolvió su reactivación a partir de julio, como consecuencia de una nueva etapa de flexibilización de la cuarentena. Además, extenderán las fechas de finalización de cada programa por tres meses.

A diferencia de cuando el Ejecutivo provincial decidió suspenderlos el pasado primero de abril, esta vez a los beneficiarios no les llegó ningún mensaje de texto, mail o llamado de sus empleadores. «Pareciera que no quieren que nos volvamos a inscribir», dicen a Hablando Claro desde el grupo de beneficiarios.

Es que la reactivación será bajo la modalidad de reempadronamiento digital, mediante la plataforma de Ciudadano Digital. Según el Gobierno, «allí podrán acceder aquellos que eran beneficiarios de los programas al momento de que se pospusieron temporalmente por la situación epidemiológica y sanitaria de la provincia».

«Es una manera de seguir sacando gente, porque tenes que hacer todo el trámite de nuevo», dice una de las beneficiarias. Además, reclaman que si «el criterio de suspenderlos fue que estábamos en pandemia y seguimos así, ¿qué garantías hay de que nos van a cuidar?».

Recordemos que en abril, el Gobierno justificó la suspensión de dichos programas porque, como la dinámica de aprendizaje es presencial, «se hace necesaria la postergación hasta que las condiciones de capacitación se puedan realizar sin riesgo sanitario».

Por su parte, desde el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, explicaron que «esta medida se posibilita debido a las flexibilizaciones de las distintas actividades productivas en la provincia. Los empleadores privados deben pertenecer a los rubros habilitados por el COE y bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por dicho Centro de Operaciones».

¿Qué pasa con la causa judicial?

A mediados de abril, teniendo en cuenta la gran cantidad de beneficiarios afectados por esa resolución administrativa, el abogado de Obispo Trejo, Fernando Mansilla, presentó una acción colectiva de amparo ante la Cámara Contencioso-administrativa de la Provincia de Córdoba.

Con la reactivación de los programas, Hablando Claro decidió consultarle sobre la situación actual: «La causa quedó en estado ‘a fallo’ en el Tribunal Superior de Justicia», explica, y recuerda que debía resolver dos cosas. Por un lado, si correspondía que la causa se tramitara como un proceso colectivo, y por el otro una medida cautelar para que los planes se siguieran pagando hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

«Respecto a la medida cautelar, si los planes comienzan a pagarse antes que salga la sentencia, que es lo que seguramente va a suceder, la cuestión en principio se volverá abstracta«, es decir, a raíz de la reanudación del beneficio, la causa carece de interés actual.

En ese sentido, no hay que dejar de lado que además de la reactivación se produjo la extensión del plazo de culminación de los programas hasta el 31 de enero, «por lo que aparentemente el Gobierno compensaría los tres meses que estuvieron suspendidos los pagos con esta prórroga».

Si bien la causa dejará de tener la misma trascendencia, «consideramos que en el fondo la judicialización del tema cumplió su cometido», que era «exigir al Gobierno el cumplimiento de estos planes que habían sido suspendidos por una resolución nula y contraria al derecho».

«Ahora queda ver en qué condiciones se reanudan los planes, que deberían ser idénticas y para las mismas personas que ya eran beneficiarias», adelanta Mansilla.

Por último, el abogado trejense se retrotrajo a la mayoría de las causas judiciales en contra del Gobierno Provincial: «cuando se trata de temas sensibles que importaría un costo político alto para su gobierno, la Provincia lleva adelante siempre el mismo actuar y da marcha atrás en las decisiones que toma antes de que salga la resolución judicial».

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Lic. en Comunicación Social- Facultad de Ciencias de la Comunicación- Universidad Nacional de Córdoba

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