Finalmente este jueves se firmó el Acuerdo Federal Provincia- Municipios de Diálogo y Convivencia Social. Se trata del nuevo pacto económico en el que la Provincia le transferirá a los municipios el Fondo de Desarrollo Urbano.
El convenio fue rubricado por el gobernador Juan Schiaretti con unos 350 intendentes y presidentes comunales de todos los partidos políticos que según la Provincia:»permitirá a gobiernos locales recibir fondos no reintegrables para sobrellevar la crisis económica por la que atraviesa el país».
Ramón Mestre, presidente del COMUPRO, fue uno de los intendentes que se mostró en desacuerdo y al no estar presente, no firmó el acuerdo.
El acuerdo estuvo encabezado por el gobernador Juan Schiaretti, quien firmó el convenio con representantes de los cuatro bloques en que se agrupa el municipalismo en Córdoba: El Vecinalismo, el Foro de Intendentes Radicales, COMUPRO y Unión por Córdoba.
El acuerdo
Como primer punto, el Gobierno de Córdoba transferirá fondos no reintegrables para “proteger y fortalecer a los municipios y comunas”.
Además, el convenio propone un“Fondo de Asistencia Financiera para Municipios y Comunas” de hasta 500 millones de pesos anuales, destinado a brindar créditos a aquellos que justifiquen dificultad financiera.
También, la Provincia se compromete a distribuir los importes que perciba en concepto de amortización e intereses generados por el “Bono de la Nación Argentina para el Consenso Fiscal”.
Entre los compromisos asumidos por los municipios y comunas, se destacan: Implementar programas de responsabilidad previsional (intimar a jubilarse a aquellos agentes que hubieran alcanzado edad de retiro, entre otros aspectos); y abstenerse de iniciar procesos administrativos y/o judiciales con base en el régimen de Coparticipación Provincial o relativos a fondos específicos o bien desistir de los reclamos ya iniciados.
En las cláusulas que dan cierre al acuerdo, se apuntan obligaciones comunes. Para la modernización administrativa, se establece el compromiso de impulsar programas conjuntos para la modernización del Estado, la simplificación administrativa y el gobierno digital. También, arbitrar medios para la exención en el pago del impuesto sobre Ingresos Brutos y de tasas municipales que incidan sobre el comercio, la industria y los servicios.
