El registro provincial de personas violentas, funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para la identificación de personas que hayan sido condenadas por delitos de violencia familiar o genero. Las personas registradas no podrán acceder a la administración pública, ni percibir asignaciones sociales del Estado.
El pionero proyecto a nivel nacional y sudamericano, busca otorgar, desde la órbita estatal, nuevas herramientas disuasivas, de tratamiento y de control en la lucha por la erradicación de la violencia.
Se inscribirá a toda persona agresora a la que se hubiere aplicado una medida cautelar u otra análoga en el marco del Artículo 21 de la Ley Provincial de Violencia Familiar, y a toda persona que hubiera sido condenada penalmente por actos de violencia, conformes a la misma normativa.
Los datos que estarán plasmados en el Registro de Personas Violentas, será de contenido estrictamente confidencial y reservado, y sólo podrán ser suministrados por una orden de autoridades judiciales competentes. Se conservaran de manera segura para evitar violaciones o alteraciones en los datos.
Para contextualizar, el Centro de Estudios y Proyector Judiciales dependientes del TSJ, presentó en 2017 un informe que refleja los números de denuncias ingresadas a través de los Juzgados de la Provincia de Córdoba, los resultados demuestran un fuerte incremento de casos de violencia en comparación a las denuncias recibidas en años anteriores.
«En el año 2016, se registraron 41.821 causas de violencia familiar ingresadas a los juzgados de Córdoba, un 8% más que en el año 2014», en base a estas denuncias, «la Justicia adoptó en el mismo año 38.450 medidas, un 7% más en comparación con 2014»
