El secretario de Energía, Javier Iguacel, fue imputado por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, a raíz de la decisión que dispuso que los usuarios pagaran en cuotas las diferencias de precio en las facturas de gas que reclamaban las prestadoras.
La denuncia había sido impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan,y ahora su colega Paloma Ochoa, que tiene delegada la investigación.
Marijuan había planteado que el mecanismo de recupero autorizado a las empresas distribuidoras del servicio de gas, a través del cobro en cuotas durante el lapso de dos años, provocan «un perjuicio al patrimonio de los consumidores».
El Gobierno Nacional retrocede en el aumento del gas por retroactivos
