La gestión Rodríguez acumula 15 imputaciones por las 52 viviendas

El fiscal Anticorrupción Matías Bornancini imputó a concejales, al ejecutivo y a colaboradores de ese período por la estafa a la Nación y a las familias santarroseñas

El ex intendente José Raúl Rodríguez Moyano (PJ) fue imputado por los delitos de abuso de autoridad, defraudación calificada por administración fraudulenta, falsedad ideológica y malversación de caudales públicos.

La justicia investiga qué hizo la gestión Rodríguez con los 12,2 millones de pesos que la Nación envió en el 2014, para la construcción de las 52 viviendas, bajo el programa nacional Techo Digno.

En este sentido, Bornancini también imputó a las entonces autoridades del ejecutivo:

  • Al ex secretario de Gobierno, José Luis Martinelli, por defraudación calificada por administración fraudulenta.
  • A la ex secretaria de Hacienda, Cecilia Giselle Companys, por malversación de caudales públicos.
  • Al ex secretario de Desarrollo Urbano, Ariel Mirra, por defraudación calificada por administración fraudulenta y falsedad ideológica.

Cabe recordar que habían sido citados a indagatoria en marzo del 2019.

Viviendas finalizadas (2019)

Al igual que a Rodríguez, el fiscal también lo hizo responsable a Mirra por una presunta falsedad ideológica, ya que con su firma validaba los avances de la obra. Estos informes presentados en Buenos Aires, funcionaban como un «comodín» que liberaba el dinero para la ejecución de las viviendas. Viviendas que en realidad solo avanzaron en un 40%, según pudo determinar un peritaje judicial.

Entonces, si la obra no estaba terminada ¿cómo es que el municipio recibió más de 12 millones de pesos?

Después de cuatro años, se pudo dar cuenta, de que tal como investigó y denunció públicamente Hablando Claro, la firma de Mirra acreditaba que la obra llegaba al 98%. Es decir, que el ex secretario engañaba al gobierno nacional con informes falsos para cobrar los fondos.

Por este motivo, el fiscal decidió imputar también a los colaboradores de Mirra. Tanto a quien estaba a cargo de Catastro y Certificación de Obras, como a la arquitecta. De esta manera se imputó a Roberto Fabián Coronel y a Iohanna Boughen, por el delito de defraudación calificada por administración fraudulenta.

Ordenanzas y ediles

Concejales del bloque oficialista, durante la gestión de Rodríguez, cursaron la aprobación de una ordenanza de presupuesto que dio luz verde a la compra directa. Es decir, que la normativa dejaba atrás a la disposición que hacía obligatorio el llamado a licitación por erogaciones mayores a los dos mil pesos.

Los ediles Clara Nelly Acosta, Héctor Constancia Rebuffo, Luis Daniel Casas y Adriana Giraudo, para el fiscal son responsables del delito de abuso de autoridad.

Gracias a esta aprobación por parte de los concejales, aparece en la escena la Cooperativa “11 de Septiembre” de Caleta Olivia, que hasta el momento la justicia no pudo dar con ella. Aunque sí con su presidente, Milton Bandiera quien recibió la imputación por defraudación calificada por administración fraudulenta.

Esta cooperativa había recibido más 3 millones de pesos por trabajos de «movimientos de suelo» que los habitantes santarroseños nunca vieron. Tiempo después, desde la gestión Rodríguez se argumentó que el convenio se basaba en la construcción de viviendas «más económicas y livianas».

Para Villa Santa Rosa, un municipio del interior que no maneja un gran caudal de fondos, este hecho se cataloga como una mega causa en donde se estafó a 52 familias y al Estado Nacional por más de 12 millones de pesos. La investigación sigue su curso, aunque las viviendas hayan sido construidas y entregadas por la actual gestión municipal, a cargo del intendente Kieffer quien realizó las denuncias pertinentes sobre el tema, cuando asumió en el 2015.

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Lic. en Comunicación Social

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