Narcoescándalo: suben las penas a los policías condenados

Casación Penal de Córdoba decidió agravar las penas por "asociación ilícita" contra cinco policías, que habían recibido penas excarcelables en el año 2016 tras el narcoescándalo.
Daniel Sosa, el ex jefe de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba - detenido en 2013.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió el miércoles último elevar las penas contra los policías involucrados en la denominada causa «narcoescándalo» de 2013.

Al incorporar la figura de la asociación ilícita contra cinco condenados, que habían recibido penas excarcelables en el año 2016 por delito de violación de los deberes de funcionario público, se produce un giro en la causa.

De esta manera, el tribunal de alzada dio lugar a las apelaciones presentadas por los fiscales Enrique Senestrari y Abel Córdoba, quienes en el juicio que terminó el 3 de mayo de 2016 actuaron en la parte acusatoria e insistieron en la figura de asociación ilícita, algo que, en ese momento, el Tribunal Oral Federal N° 2 (integrado de manera excepcional por Miguel Hugo Vaca Narvaja, Mario Garzón y el riojano Luis Herrera Piedrabuena) desechó.

Daniel Sosa, el ex jefe de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, será el que recibe mayores cargos: un nuevo fallo indica que deberá tener nueve años de prisión e inhabilitación especial por la acusación de liderar una asociación ilícita en calidad de jefe.

Según su abogado defensor, Gustavo Franco, el agravamiento de la pena es «por la grieta política trasladada a la Justicia». Además, afirmó que la sentencia no está firme, ya que presentarán una medida de apelación.

A Gustavo González, Alfredo Seine y Fabián Peralta Dáttoli, los condenaron a tres años y medio de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, por ser considerados coautores penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita y violación de los deberes de funcionarios públicos.

Arguello, el único que había quedado preso al terminar el primer juicio, recibió ocho años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena por ser considerado responsable de los delitos de asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público y extorsión.

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