Programas de empleo: Cómo sigue la causa para que los beneficiarios sigan cobrando

En un primer momento, la Justicia rechazó el amparo colectivo presentado. Tal decisión fue apelada y ahora se espera una resolución del Tribunal Superior de Justicia
Gentileza La Voz del Interior

A un mes de que el Gobierno de Córdoba suspenda los programas de empleo vigentes como PPP, PIP, XMí y PILA, el abogado Fernando Mansilla de Obispo Trejo explica cómo continua el proceso judicial de la medida cautelar presentada.

Cabe recordar que el abogado había presentado ante la Cámara Contencioso-administrativa de la Provincia de Córdoba una acción colectiva de amparo para que el Gobierno continúe con los programas hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Según explica, la Cámara rechazó tanto el carácter colectivo del proceso como también la medida cautelar. Ante tal circunstancia, se apeló esa decisión, la cual fue admitida por la Cámara quien elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia. Es decir, por el momento, la causa se encuentra en la sala electoral a los fines de ser resuelta. «Calculo que el Tribunal lo resolverá en los próximos días», expresó el letrado a Hablando Claro.

El rechazo del carácter colectivo se debió a que la Cámara consideró que se trataba de casos diferentes según cada beneficiario. «Pero nosotros consideramos que esta interpretación es errónea porque se trata de una resolución que suspende los programas de todos los benficiarios», especificó.

Teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, el abogado recuerda que, desde el momento que se dicto el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Tribunal atendía causas con carácter urgente. Sin embargo, esta causa fue tomada y se ha resuelto en los plazos previstos. «Nosotros creemos que se va a resolver aún cuando el Poder Judicial de la Provincia no esté funcionando con normalidad», dijo Mansilla.

En caso de que el fallo resulte positivo para los beneficiarios, éstos volverían a cobrar de manera inmediata. «Si el Tribunal de Justicia decide hacer lugar a la apelación y ordenar la medida cautelar, el Gobierno de Córdoba debería pagar de forma inmediata», explicó.

En caso de que esto suceda, lo que corresponde abonar son los tres meses por los que expresaron que iban a estar suspendidos los programas, es decir, abril, mayo y junio, más los meses que le correspondan a cada beneficiario hasta completar el año. «Sin embargo, habrá qué ver cuál es el alcance que le da el Tribunal de Justicia».

Por otra parte, si el fallo fuera negativo, habría qué ver por qué se lo decidió así y lo que quedaría sería un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero se trata de un recurso al cual se procede ante casos muy excepcionales. «Es algo eventual, pero es el único camino que quedaría».

La suspensión de estos programas dejó a más de 13.000 cordobeses sin empleo en medio de una pandemia sin precedentes. Muchos de ellos subsistían gracias a este sueldo y, a partir de esta insensible decisión, se quedaron sin un ingreso fijo.

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