Las 29 personas, que eran víctimas de explotación laboral en un cortadero de ladrillos de la localidad de Malvinas Argentinas, recibirán salarios por el tiempo que fueron obligadas a trabajar en condiciones deplorables.
Se trata de una reparación económica equivalente a la suma de salarios mínimo vital y móvil por el tiempo que las víctimas fueron explotadas sin acceso a los derechos básicos de un trabajador: derecho a enfermarse, obra social, vacaciones ni a ningún reclamo.
Según publicó el portal Fiscales.gob.ar, para la jueza de Cámara María Noel Costa, que condenó al dueño de la ladrillera a ocho años de prisión, se afectó la dignidad y la libertad de las personas, aún de aquellas que al momento de declarar en el debate no se reconocieron víctimas del sistema de explotación laboral que reinaba en el campo.
Según la investigación realizada, se determinó que las víctimas trabajaban durante largas jornadas laborales; con salarios fluctuantes y escasos; y viviendo en condiciones precarias.
«El abuso de la situación de vulnerabilidad los colocó en la situación de servidumbre», señaló la jueza en los fundamentos de la sentencia que se dieron a conocer en las últimas horas.
El fallo, dado a conocer días atrás, dispuso la condena de Roberto Cabrera por los delitos de trata de personas agravada e infracción a la ley de Migraciones. El hombre tiene 65 años y era dueño del campo donde funcionaba la ladrillera, además de contar con tres camiones y pala cargadora, todos bienes que fueron decomisados.
Según informa Noticias Argentinas, la jueza evaluó innumerables elementos para acreditar que se está ante una situación de trata, explotación y reducción a la servidumbre:
- el abuso de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras;
- la contraprestación por debajo del salario mínimo vital y móvil;
- el aprovechamiento de las condiciones de migrante irregular;
- el escaso nivel de escolaridad;
- la retención de salario por parte de empleadores, con la promesa de devolverlo cuando decidieran volverse a sus ciudades.
Para la jueza fueron éstas circunstancias y no la supuesta ambición económica de los trabajadores lo que «obligó a los migrantes a sumergirse en estas situaciones de explotación, aprovechándose Cabrera de la vulnerabilidad de las víctimas para reducirlas o conservarlas en estado servil».
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