La doctora María Laura Pisaya, médica traumatóloga y encargada de traumatología del Hospital Italiano de la Ciudad de Córdoba, fue imputada por homicidio simple causado por mala praxis, tras la muerte de Bruno Agustín Castellano de 13 años.
Todo comenzó el 12 de agosto del 2017 cuando Bruno llegó a la guardia por una fractura de radio, a la altura de la muñeca. Derivado al servicio de traumatología, el adolescente fue atendido por Pisaya, quien luego de aplicar anestesia local, redujo la fractura y colocó el yeso correspondiente, indicando analgésicos y enviando a Bruno a casa.
Al día siguiente regresaron al nosocomio ya que el joven sentía intensos dolores. Según datos de la investigación, la doctora Pisaya no atendió al joven como correspondía, por lo que regresó una vez más al día siguiente, y ocurrió lo mismo.
“Ante la persistencia y agravamiento del cuadro, el 15 de agosto de 2017, alrededor de las 9.30, los padres de Bruno asistieron nuevamente al centro asistencial, donde fue atendido por personal de la guardia, los que advirtieron que el niño tenía un dolor generalizado, edema paresia/parestesias de MSD, frialdad y cianosis periférica y no se le detectaba pulso por debajo del codo, mala perfusión digital y mala perfusión generalizada, estaba además con taquicardia y taquipnea”, especifica la Fiscal a cargo, Claudia Palacios.
Llamaron nuevamente a Pisaya, pero Bruno fue atendido por otra médica, quien decidió internarlo en terapia intensiva, por la gravedad del cuadro. Pero horas después el adolescente falleció.
La investigación indica la incurrencia en «dolo eventual» por parte de la doctora Pisaya, por no haber atendido como corresponde al paciente, cuya muerte se considera consecuencia directa del proceder de la imputada.
“La causa eficiente de la muerte un fallo multiorgánico irreversible como consecuencia de un shock séptico, debido a una fascitis necrotizante estreptocóccica, pos-trauma de miembro superior derecho; deceso que fue una consecuencia directa del actuar de la imputada Pisaya”,explicó Palacios.
Los querellantes en la causa son los padres de la víctima, Sergio Osvaldo Castellanos y Gladys Ramos, con asistencia del abogado Carlos Nayi.
La causa será elevada a juicio, y sería la primera vez que un hecho de mala praxis se caratula como homicidio, simple, ya que por lo general la carátula es de homicidio culposo. Esta carátula prevé entre 8 a 25 años de prisión.
