Casi una década después del atentado terrorista más mortífero de Tailandia que conmovió a la nación, un tribunal finalmente ha dictado su veredicto.
¿Pero el caso realmente quedó cerrado?
Este martes, dos hombres de la minoría uigur de China fueron condenados a muerte por el atentado de 2015 en el santuario Erawan de Bangkok.
Un icónico punto turístico. La explosión dejó 20 muertos y más de 120 heridos, y una de las intersecciones más transitadas de Tailandia quedó transformada en una escena de devastación.
El ataque sorprendió al país. Testigos describieron el caos mientras equipos de emergencia acudían a atender a las víctimas entre humo, escombros y pánico.
Sin embargo, desde el inicio la investigación estuvo rodeada de controversia.
La policía arrestó a Bilal Mohammad y Yusufu Mierali semanas después del atentado.
Los vincularon con el ataque mediante registros telefónicos y pruebas recuperadas durante las redadas.
Ambos hombres negaron los cargos y más tarde afirmaron haber sido torturados para forzar confesiones.
Los grupos de derechos humanos han criticado repetidamente el caso.
La sentencia genera preocupaciones sobre los derechos
La Comisión Internacional de Juristas afirmó que la investigación y el juicio estaban “llenos de violaciones a los derechos humanos”.
Subrayó los retrasos extraordinarios que extendieron el proceso por más de diez años.
Los analistas han especulado durante mucho tiempo que el atentado podría haber estado vinculado a la controvertida deportación de más de 100 uigures a China poco antes del ataque.
Aunque las autoridades nunca adoptaron oficialmente esa teoría.
Los acusados planean apelar. Y, si bien el tribunal ha dictado un veredicto,
las preguntas que rodean uno de los días más oscuros de Tailandia pueden seguir persistiendo mucho después de que caiga el mazo.
