Entonces, ¿qué pasa cuando un expresidente intenta declarar la ley marcial — y luego queda atrapado en las repercusiones?
En Corea del Sur, eso significa un duelo en la sala de tribunales, protestas masivas y, ahora, una condena de cinco años de prisión para el expresidente Yoon Suk Yeol.
Un juez de Seúl dictaminó que Yoon obstaculizó la justicia al impedir que los investigadores lo detuvieran.
Abusó de su poder al convertir a los oficiales de seguridad presidencial en “guardias personales”.
El juez Baek Dae-hyun dijo que Yoon incluso excluyó a los miembros del gabinete de una reunión de planificación de la ley marcial.
Fue una grave violación del deber constitucional.
“A pesar de tener un deber, por encima de todos los demás, de defender la Constitución… el acusado, en cambio, mostró una actitud que ignoró la Constitución,” dijo el juez.
“La culpabilidad del acusado es extremadamente grave.”
Pero Yoon no fue declarado culpable de falsificar documentos por falta de pruebas — y aún tiene siete días para apelar.
¿Se cuestiona la inmunidad presidencial?
Sus abogados sostienen que el veredicto borra la línea entre la autoridad presidencial y la responsabilidad penal.
“Si este razonamiento se mantiene, ningún futuro presidente podrá actuar con decisión en tiempos de crisis,” advirtió la abogada Yu Jeong-hwa.
Mientras tanto, los fiscales tienen otro caso preparado — quieren que Yoon sea condenado a muerte por presuntamente haber liderado una insurrección.
Se espera un veredicto sobre ese caso para el 19 de febrero, aunque las ejecuciones se han suspendido de facto en Corea del Sur desde 1997.
Así que la gran pregunta sigue siendo: ¿fue esto una toma de poder, o un intento desesperado de “proteger a la nación”?
De cualquier modo, la historia está lejos de terminar — y la próxima resolución judicial podría ser aún más explosiva.
